1. Cohecho Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que "el delito de cohecho que se investigaba" podría "no ser, en algunos casos" el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino "el tipificado en los artículos 425, 419 o 420". Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.
2. Delito electoral El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte "se habría abonado de forma opaca en efectivo" y otra, "al menos 345.200 euros", habría sido satisfecha "por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market". "Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas" del PP valenciano. Y ello "podría ser constitutivo del delito electoral" tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.
3. Delito fiscal Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.
4. Falsedad documental Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.
5. Prevaricación Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".
6. Blanqueo El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.
7. Asociación ilícita Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.
3. Delito fiscal Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.
4. Falsedad documental Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.
5. Prevaricación Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".
6. Blanqueo El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.
7. Asociación ilícita Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.
