El portavoz socialista de Políticas Sociales en Les Corts, Antonio Torres, aseguró hoy que el presidente del Consell, Francisco Camps “es el único responsable de que más de 23.000 familias valencianas no se beneficien de la ley de dependencia”, ya que “sí lo harían si simplemente viviesen en otra comunidad autónoma”.
En estos términos valoró el anuncio que hizo ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, sobre el nuevo reparto de fondos para la aplicación de la ley de dependencia que a partir de ahora se regirá por las valoraciones.
Torres explicó que “en 2008 perdimos 20 millones de euros de los fondos del Estado por retraso en las valoraciones y en los dictámenes de personas dependientes de la CV, y en 2009 ya hemos perdido 12 millones de euros por la misma razón”, con lo que se demuestra, que “no hay ningún interés en valorar a personas que llevan más de un año y medio en lista de espera”.
En este sentido, resaltó que “estamos a la cola en cuanto a las valoraciones”. “Éste es el liderazgo de Camps y del Consell del PP”, apostilló. Además, censuró que “el Consell sigue primando las valoraciones y las ayudas a aquellas personas que ya están internadas en las residencias o los centros de día cuando no es eso lo que quieren los valencianos y valencianas, que quieren permanecer en su domicilio atendidos por un familiar o un cuidador, pero eso al gobierno del PP no le preocupa”, destacó.
El responsable socialista también se refirió a las nuevas estadísticas publicadas a principio de mes y señaló que “nuestra comunidad está nuevamente a la cola de la aplicación de la ley”. “De hecho, prosiguió, en estos momentos representamos el 4, 29% de todas las solicitudes registradas en España; si tenemos en cuenta que somos el 10,90% de la población, las cifras cantan la incompetencia y la desidia de Camps y su gobierno”.
En esta línea, añadió que “lo más grave es que en este mes hemos empeorado con respecto a los meses anteriores, porque en enero era un 4,7%, en febrero un 4,9%, en marzo un 4,7% y en abril un 4,2%”, de manera que “en lo que llevamos de 2009 en lugar de ir mejorando vamos hacia atrás.
Dos años de boicot por intereses partidistas y económicos. El parlamentario insistió en que Camps “lleva ya más de dos años boicoteando la aplicación de la ley de dependencia en la Comunitat” y en que este boicot “responde fundamentalmente a intereses partidistas y económicos”. Así, reiteró que el Consell “siempre hace oposición al Gobierno central sin mirar los intereses de los valencianos y valencianas”.
En cuanto a los intereses económicos, explicó, que el gobierno valenciano del PP, en primer lugar, “tiene intereses económicos porque quiere hacer caja con la ley y no dar nuevos servicios”, y, en segundo lugar, “intereses económicos del propio conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, cuya familia tiene en propiedad 22 residencias de la tercera edad en la Comunidad”.
Finalmente, reitero que “es muy grave que un gobierno y su presidente permitan que 23.000 valencianos estén desatendidos por la desidia y la incompetencia del Consell. Es muy grave -insistió- que estos 23.000 ciudadanos no tengan la posibilidad de recibir el servicio por vivir justamente aquí”.
